ESTADO DE GUERRA COMO MECANISMO COMO MECANISMO DE DOMINACIÓN POLÍTICA EN ECUADOR

 

La declaratoria de “conflicto armado interno” en Ecuador, impulsada en enero de 2024, ha sido presentada como una respuesta decisiva frente al incremento de la violencia criminal. En apariencia, esta medida busca restablecer el orden mediante la intervención de las Fuerzas Armadas y la adopción de una lógica de combate contra el crimen organizado. No obstante, un examen más detenido permite advertir que los resultados en materia de seguridad no han sido los esperados. Lejos de disminuir, los índices de violencia continúan en ascenso, lo que cuestiona la eficacia de la estrategia implementada.

Ahora bien, limitar el análisis a esta dimensión conduce a una lectura incompleta. Más allá de su rendimiento operativo, la “guerra interna” ha generado efectos políticos significativos que evidencian otra racionalidad en juego. En lugar de interpretarla únicamente como una política fallida, resulta más pertinente entenderla como un dispositivo que reorganiza el poder y redefine las condiciones de gobernabilidad. En otras palabras, su importancia no radica tanto en lo que promete hacer, sino en lo que efectivamente permite hacer.

Desde esta perspectiva, la noción de “estado de guerra” adquiere centralidad. Este concepto alude a una forma de ejercicio del poder en la que el discurso bélico se convierte en el eje articulador de la acción estatal. Así, la política deja de estructurarse en torno a deliberaciones ordinarias y pasa a regirse por una lógica de excepcionalidad permanente. Bajo este marco, la existencia de un enemigo interno no solo justifica el uso de la fuerza, sino que también habilita la suspensión práctica de ciertos límites institucionales. En este contexto, la guerra cumple una función simbólica decisiva. Por un lado, produce una sensación de amenaza constante que reconfigura la percepción social del riesgo. Por otro, amplía el margen de tolerancia ciudadana frente a medidas que, en circunstancias normales, generarían resistencia. Reformas económicas, cambios legales y concentraciones de poder pueden implementarse con mayor facilidad cuando se inscriben dentro de un relato de urgencia nacional. De este modo, la seguridad se transforma en un argumento legitimador que encubre decisiones de alcance estructural.

En términos analíticos, este fenómeno puede vincularse con lo que Michel Foucault (2006) denomina “gubernamentalidad”, entendida como el conjunto de prácticas mediante las cuales se orienta la conducta de la población. La guerra, en este caso, no actúa únicamente como una respuesta coercitiva, sino como un marco discursivo que organiza la experiencia social y delimita lo pensable. A través de ella, el poder no solo se impone, sino que también se naturaliza. Por consiguiente, la aparente contradicción entre fracaso en seguridad y éxito político pierde su carácter paradójico. La “guerra interna” no es simplemente una estrategia mal ejecutada, sino una forma específica de gobernar en contextos de crisis. Comprender esta doble dimensión resulta fundamental para analizar las transformaciones actuales del Estado ecuatoriano y las dinámicas de dominación que se están consolidando.

El estado de guerra como artefacto ideológico

En continuidad con lo anterior, resulta necesario profundizar en la idea del estado de guerra no como una condición estrictamente militar, sino como un artefacto ideológico que estructura la acción política. En este sentido, la guerra deja de ser un hecho puntual o una respuesta coyuntural y pasa a convertirse en un marco interpretativo que orienta decisiones, discursos y prácticas estatales. De ahí que su importancia no resida únicamente en el despliegue de fuerzas, sino en su capacidad para reorganizar la forma en que se concibe y ejerce el poder.

En primer lugar, este dispositivo opera mediante la construcción de una narrativa que simplifica la complejidad social. A través de ella, fenómenos diversos como el narcotráfico, la violencia urbana y la exclusión social son reducidos a una lógica binaria de confrontación. Así, el escenario político se redefine en términos de “amigos” y “enemigos”, eliminando matices y cerrando espacios para interpretaciones alternativas. Esta reducción no es inocente: permite justificar acciones extraordinarias bajo el argumento de que la supervivencia del Estado está en juego.

Por otra parte, el estado de guerra introduce una forma particular de racionalidad política basada en la urgencia. En lugar de procesos deliberativos amplios, se privilegian decisiones rápidas, centralizadas y con escaso margen de cuestionamiento. En este contexto, la excepcionalidad se convierte en regla, y lo que inicialmente aparece como una medida temporal tiende a consolidarse como práctica permanente. En consecuencia, la institucionalidad democrática se ve tensionada, ya que los mecanismos de control y equilibrio pierden eficacia frente a la lógica de la emergencia.

Asimismo, este artefacto ideológico cumple una función legitimadora. Al instalar la idea de una amenaza constante, genera condiciones favorables para la aceptación social de medidas restrictivas. De este modo, políticas que implican limitaciones a derechos, ampliación de facultades del Ejecutivo o intervención de las Fuerzas Armadas en tareas internas pueden ser percibidas como necesarias e incluso inevitables. La guerra, entonces, no solo habilita la acción estatal, sino que también produce consenso en torno a ella.

A lo anterior se suma un elemento clave: la capacidad del estado de guerra para moldear subjetividades. Es decir, no se limita a transformar estructuras institucionales, sino que incide en la manera en que los individuos perciben la realidad. El miedo, la inseguridad y la sensación de amenaza contribuyen a configurar ciudadanos más dispuestos a aceptar el control y la vigilancia. En este punto, el poder no actúa únicamente desde arriba, sino que se internaliza en la vida cotidiana.

Finalmente, cabe señalar que este enfoque permite comprender por qué la guerra puede mantenerse incluso sin resultados concretos en la reducción de la violencia. Su eficacia no depende exclusivamente de logros tangibles, sino de su capacidad para producir orden político y cohesión discursiva. En este sentido, el estado de guerra funciona como una tecnología de gobierno que, más allá de resolver conflictos, los reorganiza en función de una lógica de dominación.

La antropología del Estado: poder, cultura y legitimidad

A partir de lo anterior, es fundamental incorporar una mirada desde la antropología del Estado para comprender cómo el poder no se sostiene únicamente en estructuras formales, sino también en procesos simbólicos y culturales. En efecto, el Estado no es solo un conjunto de instituciones, leyes y aparatos coercitivos, sino también una construcción social que se reproduce mediante discursos, prácticas y representaciones que moldean la percepción colectiva.

En este marco, diversos autores han planteado que el poder estatal se consolida a través de mecanismos que van más allá de la imposición directa. Tal como señalan Corrigan y Sayer (1985), el Estado actúa como una forma de “revolución cultural permanente”, en la medida en que produce y reproduce normas, valores y formas de entender la realidad. De manera similar, Philip Abrams (1988) advierte que el Estado debe analizarse no solo como una entidad material, sino como una “idea” que adquiere legitimidad en la conciencia social. Estas perspectivas permiten entender que la autoridad estatal no se impone únicamente por la fuerza, sino que también se construye mediante la aceptación y naturalización de ciertas narrativas.

En el caso ecuatoriano, el discurso de la guerra contra el crimen organizado cumple precisamente esta función. A través de él, se configura una representación del Estado como garante de seguridad frente a una amenaza constante. Esta imagen no solo refuerza su legitimidad, sino que también redefine las expectativas ciudadanas respecto a su rol. En consecuencia, la intervención militar, la expansión de facultades del Ejecutivo y el endurecimiento de las políticas de seguridad se perciben como respuestas coherentes con dicha representación. Por otro lado, este enfoque permite observar cómo el Estado interviene en la vida cotidiana de manera más sutil. No se trata únicamente de acciones visibles, como operativos o reformas legales, sino también de la producción de sentidos que orientan la conducta social. En este sentido, la narrativa de la guerra contribuye a normalizar la vigilancia, el control y la presencia militar en espacios civiles. De este modo, prácticas que antes podían considerarse excepcionales pasan a formar parte de la rutina social.

Asimismo, la legitimidad del Estado se fortalece en la medida en que logra articular estas representaciones con experiencias concretas de la población. El miedo a la violencia, la percepción de inseguridad y la demanda de protección generan un terreno fértil para la aceptación de medidas más restrictivas. En consecuencia, el poder no se ejerce únicamente desde arriba, sino que se consolida a través de una relación dinámica entre el Estado y la sociedad.

En si la antropología del Estado permite comprender que el “estado de guerra” no es solo una estrategia política, sino también un proceso cultural que transforma la manera en que los ciudadanos entienden la autoridad, la seguridad y el orden. Analizar esta dimensión resulta clave para identificar cómo se construyen las condiciones de legitimidad que sostienen las actuales formas de dominación en Ecuador.Principio del formulario Por ende, Final del formularioPla guerra como artefacto ideológico amplía el análisis y permite identificar sus efectos más profundos. No se trata únicamente de combatir un problema, sino de transformar el modo en que ese problema es definido, enfrentado y utilizado políticamente.

El régimen de ignorancia: ocultar el pasado

En contraste con la visibilización constante del enemigo interno, el estado de guerra también se sostiene sobre un proceso inverso pero complementario: la producción sistemática de ignorancia. Es decir, mientras ciertos hechos se amplifican para justificar la acción estatal, otros son deliberadamente minimizados, distorsionados o excluidos del debate público. Este fenómeno, conocido como “régimen de ignorancia”, resulta fundamental para comprender cómo se construye una narrativa oficial coherente y funcional al poder.

En este sentido, la historia del narcotráfico en Ecuador no puede entenderse únicamente como un problema reciente ni como una amenaza externa. Sin embargo, el discurso dominante tiende a presentar la violencia actual como un fenómeno aislado, desvinculado de procesos políticos previos. De este modo, se omiten o se relegan a un segundo plano episodios en los que actores estatales, élites económicas o figuras políticas han estado involucrados, directa o indirectamente, en dinámicas relacionadas con economías ilícitas.

Por consiguiente, esta omisión no es casual, sino estratégica. Al invisibilizar estas conexiones, se evita cuestionar las estructuras profundas que han permitido la expansión del crimen organizado. Además, se desplaza la responsabilidad hacia actores específicos generalmente criminalizados, reforzando la idea de que el problema puede resolverse exclusivamente mediante la represión. Así, el pasado deja de ser un elemento explicativo y se convierte en un vacío que favorece interpretaciones simplificadas. De igual manera, este régimen de ignorancia se manifiesta en el tratamiento de casos recientes que involucran posibles vínculos entre política y crimen. La falta de esclarecimiento, la fragmentación de la información y la ausencia de investigaciones concluyentes contribuyen a generar incertidumbre. En lugar de promover un análisis crítico, se consolida un ambiente en el que la duda y la desinformación dificultan la construcción de una memoria colectiva sólida.

Por otra parte, este proceso no solo implica ocultar hechos, sino también controlar los marcos interpretativos. Es decir, incluso cuando ciertos eventos salen a la luz, son presentados de manera que no alteren la narrativa dominante. En consecuencia, la información disponible no necesariamente conduce a una comprensión más profunda, sino que puede reforzar versiones oficiales que limitan el cuestionamiento. En términos políticos, el régimen de ignorancia cumple una función clave: protege la legitimidad del Estado en un contexto de crisis. Al evitar que se establezcan conexiones incómodas con el pasado, se preserva la imagen de un Estado que actúa como víctima o como defensor frente a una amenaza externa. Esto, a su vez, facilita la aceptación de medidas extraordinarias, ya que el problema se percibe como ajeno a las propias estructuras estatales.

 En definitiva, la construcción del estado de guerra no solo depende de lo que se dice, sino también de lo que se calla. La producción de ignorancia permite sostener una narrativa parcial que simplifica la realidad y orienta la acción política en una dirección específica. Comprender este mecanismo resulta esencial para desarrollar un análisis crítico que vaya más allá de las versiones oficiales y permita cuestionar las bases sobre las que se construye la actual estrategia de seguridad en Ecuador.

Influencia internacional y doctrina de guerra

Al examinar con mayor detenimiento el estado de guerra en Ecuador, resulta difícil sostener que se trata de una respuesta puramente interna. Por el contrario, su formulación, lenguaje y justificación evidencian una fuerte dependencia de marcos conceptuales desarrollados fuera del país. En este punto, la política de seguridad ecuatoriana aparece menos como una construcción soberana y más como la adopción de doctrinas globales que responden a intereses geopolíticos más amplios.

En efecto, categorías como “guerra híbrida”, “insurgencia criminal” o “narcoterrorismo” no emergen del análisis local, sino de espacios vinculados a la seguridad internacional, particularmente a instituciones asociadas a la política exterior de Estados Unidos. Estas nociones no son neutrales: configuran una forma específica de interpretar la violencia, en la que los problemas sociales complejos se traducen en amenazas de carácter militar. De esta manera, se impone una lectura que privilegia la confrontación armada por encima de otras alternativas.

Desde esta perspectiva, la importación de estas doctrinas plantea una cuestión crítica: ¿hasta qué punto el diagnóstico de la realidad ecuatoriana está siendo condicionado por agendas externas? La adopción acrítica de estos enfoques tiende a invisibilizar factores estructurales como la desigualdad, la exclusión o la debilidad institucional, reduciendo el problema a una cuestión de seguridad. En consecuencia, se limita el campo de acción política, ya que las soluciones posibles quedan restringidas al ámbito militar y policial.

Aún más problemático resulta el papel de ciertos actores locales que funcionan como intermediarios de estas ideas. Analistas, centros de investigación y observatorios reproducen estas categorías, dotándolas de legitimidad técnica y académica. Sin embargo, esta aparente neutralidad encubre una alineación ideológica que refuerza la narrativa dominante. En lugar de fomentar un debate crítico, se consolida un consenso que presenta la militarización como una respuesta inevitable. Cabe añadir que esta influencia no se limita al plano discursivo. También se traduce en formas concretas de cooperación, financiamiento y entrenamiento que vinculan a las fuerzas de seguridad ecuatorianas con estructuras internacionales. Este tipo de acciones, lejos de ser meramente técnicas, implican una reconfiguración del ejercicio del poder, en la que las decisiones nacionales se subordinan, al menos parcialmente, a intereses externos.

Desde un ángulo reflexivo, esta situación invita a cuestionar la idea misma de soberanía. Si las categorías con las que se define el problema y las estrategias para enfrentarlo provienen de otros contextos, entonces la autonomía del Estado se ve comprometida. Más aún, la implementación de estas doctrinas puede generar efectos contraproducentes, al aplicar soluciones diseñadas para realidades distintas.

En definitiva, la influencia internacional en la construcción del estado de guerra no solo aporta herramientas conceptuales, sino que también delimita el horizonte de lo posible. Lejos de ser un apoyo desinteresado, constituye un factor que orienta la política interna hacia una lógica de confrontación permanente. Reconocer esta dimensión permite problematizar la aparente inevitabilidad de la guerra y abrir espacio para alternativas que respondan de manera más adecuada a las particularidades del contexto ecuatoriano.

El tiempo de guerra y la aceleración política

Otro elemento clave para comprender el estado de guerra es la transformación de la temporalidad política. A diferencia de los contextos ordinarios, donde las decisiones suelen atravesar procesos deliberativos más extensos, la lógica de guerra impone un ritmo acelerado que altera profundamente la forma de gobernar. En este escenario, la urgencia se convierte en principio rector, desplazando la reflexión y reduciendo los espacios de debate. Bajo esta dinámica, las medidas excepcionales dejan de percibirse como tales y pasan a integrarse en la normalidad. La rapidez con la que se aprueban leyes, se implementan reformas o se toman decisiones estratégicas no responde únicamente a la necesidad de actuar con eficacia, sino también a la oportunidad de evitar resistencias. En otras palabras, la aceleración política no solo es consecuencia de la crisis, sino una herramienta que facilita la consolidación del poder.

Desde una mirada crítica, este fenómeno plantea serias implicaciones para la democracia. La reducción de los tiempos de discusión limita la participación de distintos actores sociales y debilita los mecanismos de control institucional. En consecuencia, el equilibrio entre poderes se ve afectado, ya que el Ejecutivo adquiere una capacidad de acción mucho más amplia. Esta concentración no siempre se presenta de forma explícita, sino que se justifica a partir de la necesidad de responder con rapidez a una amenaza percibida como inminente.

De forma paralela, el discurso de la urgencia contribuye a deslegitimar cualquier intento de cuestionamiento. Quienes plantean dudas o críticas pueden ser percibidos como obstáculos frente a la lucha contra el enemigo, lo que reduce el margen para el disenso. Así, el tiempo de guerra no solo acelera decisiones, sino que también condiciona el tipo de debate posible, favoreciendo posturas alineadas con la narrativa oficial.

Otro aspecto relevante es que esta aceleración permite introducir cambios que trascienden el ámbito de la seguridad. Reformas económicas, ajustes fiscales y transformaciones institucionales pueden implementarse en este contexto con menor oposición social. La lógica es clara: en un momento de crisis, la prioridad se desplaza hacia la estabilidad inmediata, dejando en segundo plano la evaluación de los efectos a largo plazo. De este modo, decisiones estructurales quedan amparadas bajo el paraguas de la emergencia.

Conviene subrayar que esta temporalidad no es necesariamente transitoria. Aunque se presenta como una respuesta a una situación excepcional, tiende a prolongarse en el tiempo, generando una especie de estado de urgencia permanente. Esta continuidad refuerza la idea de que la crisis nunca termina, lo que a su vez justifica la persistencia de medidas extraordinarias. El tiempo de guerra no solo modifica la velocidad de la política, sino también su naturaleza. La aceleración, lejos de ser un efecto secundario, se convierte en un mecanismo que reconfigura las relaciones de poder, limita la deliberación democrática y amplía las capacidades del Estado. Analizar esta dimensión resulta esencial para entender cómo la guerra, más allá de su dimensión militar, actúa como una forma de gobernar.

Reconfiguración del poder y modelo neoextractivista

Más allá del ámbito estrictamente securitario, el estado de guerra en Ecuador revela una dimensión menos evidente pero profundamente estructural: su articulación con un modelo económico basado en la intensificación del extractivismo. En este sentido, la militarización no puede entenderse de forma aislada, sino como parte de una reconfiguración más amplia del poder que favorece determinados intereses económicos. La guerra, entonces, no solo combate la violencia, sino que también crea las condiciones políticas necesarias para la implementación de una agenda económica específica.

Desde esta óptica, resulta problemático que decisiones relacionadas con sectores estratégicos como la minería y el petróleo se desarrollen en un contexto de excepcionalidad. La reapertura de proyectos extractivos, la atracción de inversión extranjera y la flexibilización de regulaciones ocurren en un momento en el que la atención pública está centrada en la crisis de seguridad. Esto no es menor: la urgencia generada por la guerra desplaza el debate sobre las implicaciones sociales, ambientales y territoriales de estas políticas.

A diferencia de otros periodos, donde este tipo de medidas enfrentaba mayores niveles de resistencia, el contexto actual reduce significativamente la capacidad de oposición. Comunidades afectadas, organizaciones sociales y actores críticos ven limitado su margen de acción en un entorno donde la protesta puede ser fácilmente estigmatizada o asociada con desestabilización. De este modo, la narrativa de la seguridad funciona como un mecanismo de contención política que neutraliza posibles conflictos. Conviene señalar que este proceso no implica únicamente la continuidad del extractivismo, sino su profundización bajo nuevas condiciones. El término “neoextractivismo” permite dar cuenta de esta transformación: no se trata solo de explotar recursos naturales, sino de hacerlo en un marco donde el Estado actúa como facilitador de grandes inversiones, priorizando la rentabilidad sobre otras consideraciones. En este esquema, la guerra contribuye a garantizar un entorno de control territorial y social que resulta funcional a estos proyectos.

Desde una perspectiva crítica, esto plantea una tensión fundamental. Mientras el discurso oficial enfatiza la defensa del Estado frente a amenazas internas, en la práctica se consolidan dinámicas que pueden generar nuevas formas de conflicto, especialmente en territorios donde se desarrollan actividades extractivas. Así, la violencia no desaparece, sino que se reconfigura, desplazándose hacia otros espacios y actores. Asimismo, esta relación entre guerra y economía cuestiona la idea de que las políticas de seguridad son neutrales. Por el contrario, evidencia que están atravesadas por intereses y prioridades que no siempre se explicitan. La protección de ciertas actividades económicas, la apertura a capitales internacionales y la reconfiguración del territorio forman parte de un mismo entramado en el que el estado de guerra desempeña un papel central.

En definitiva, analizar esta dimensión permite comprender que la guerra no solo responde a una crisis, sino que también produce oportunidades políticas y económicas. Lejos de ser un fenómeno aislado, se integra en una lógica más amplia de reorganización del poder que redefine las relaciones entre Estado, mercado y sociedad. Esta lectura invita a cuestionar no solo la eficacia de la estrategia de seguridad, sino también los intereses que se consolidan a través de ella.

El ethos militar y la transformación social

Un aspecto particularmente inquietante del estado de guerra es su capacidad para transformar no solo las estructuras políticas, sino también los valores y comportamientos que organizan la vida social. En este contexto, emerge lo que puede denominarse un ethos militar, es decir, una forma de entender el orden, la autoridad y la convivencia basada en principios propios del ámbito castrense. Este proceso no ocurre de manera abrupta, sino que se instala progresivamente a través de discursos, prácticas y percepciones que reconfiguran la cotidianidad.

En lugar de concebir la seguridad como un derecho vinculado a garantías y libertades, se la redefine como un problema que exige disciplina, obediencia y control. Bajo esta lógica, la figura del ciudadano tiende a desplazarse hacia la de un sujeto que debe alinearse con las directrices del Estado para no ser percibido como sospechoso. Esta transformación resulta problemática, ya que reduce la complejidad de la vida social a una lógica binaria donde predomina la distinción entre “leales” y “amenazantes”.

Desde otra perspectiva, este ethos también impacta en la forma en que se legitima la violencia. Acciones que en otros contextos generarían rechazo como el uso excesivo de la fuerza, las detenciones arbitrarias o los abusos de autoridad pueden ser toleradas o incluso justificadas en nombre de la seguridad. De este modo, se produce una normalización de prácticas que erosionan derechos fundamentales, al tiempo que se refuerza la idea de que el fin justifica los medios.

No menos relevante es el efecto que esto tiene sobre las instituciones. La creciente centralidad de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna altera el equilibrio tradicional entre lo civil y lo militar. Esta reconfiguración no solo amplía el campo de acción de los aparatos coercitivos, sino que también desplaza a otras instituciones que, en teoría, deberían desempeñar un papel clave en la gestión de conflictos sociales. En consecuencia, la resolución de problemas tiende a militarizarse, dejando de lado enfoques preventivos o integrales.

Por añadidura, el ethos militar influye en la manera en que se percibe la disidencia. Las voces críticas, lejos de ser entendidas como parte del debate democrático, pueden ser interpretadas como amenazas al orden. Esta tendencia limita el pluralismo y debilita la capacidad de la sociedad para cuestionar las decisiones del poder. Así, la homogeneización del discurso público se convierte en otro efecto indirecto de la lógica de guerra. Cabe preguntarse, entonces, hasta qué punto esta transformación es reversible. La internalización de valores asociados a la disciplina y al control no desaparece fácilmente, incluso si las condiciones que dieron origen al estado de guerra cambian. Por ello, el impacto del ethos militar trasciende el momento coyuntural y puede dejar huellas duraderas en la cultura política. El estado de guerra no solo redefine estrategias de seguridad, sino que también reconfigura la forma en que la sociedad se relaciona con el poder, la autoridad y la violencia. Este desplazamiento hacia una lógica militarizada plantea desafíos profundos para la democracia, en la medida en que modifica las bases mismas sobre las que se construye la convivencia social.

En conclusión, el análisis del estado de guerra en Ecuador permite concluir que no se trata únicamente de una estrategia de seguridad, sino de un mecanismo de reorganización del poder en múltiples niveles. A lo largo del proceso, se evidencia cómo este enfoque no solo enfrenta la violencia, sino que también construye enemigos, oculta responsabilidades históricas, adopta doctrinas externas y facilita decisiones políticas y económicas bajo un contexto de urgencia. En consecuencia, la guerra funciona más como una herramienta de gobierno que como una solución estructural. Desde una mirada crítica, este modelo resulta problemático porque reduce la complejidad del fenómeno de la violencia a una lógica de confrontación. Al hacerlo, deja de lado factores estructurales como la desigualdad, la exclusión social y la debilidad institucional. Esto implica que, lejos de resolver el problema, se corre el riesgo de reproducirlo bajo nuevas formas. Además, la consolidación de un estado de excepcionalidad permanente ha debilitado principios democráticos, limitando el debate público y ampliando el poder del Ejecutivo.

En el contexto actual, Ecuador refleja claramente estas tensiones. La violencia persiste, lo que cuestiona la efectividad de la estrategia, mientras que el poder político se fortalece en medio de reformas y decisiones aceleradas. A esto se suma una sociedad marcada por el miedo y la incertidumbre, donde la seguridad se prioriza incluso a costa de derechos. En definitiva, la guerra se ha convertido en una forma de gobernar. Su principal límite radica en que no resuelve las causas del problema, lo que hace urgente repensar alternativas más integrales y democráticas.